Primero de mayo en Bolivia
Por: Edmundo Juan Nogales Arancibia
Este primero de mayo fue una jornada de
lucha obrera en muchos países ante la crisis internacional. Vimos un ejemplo en
Francia, donde hubo una movilización de multitudes (se calcula en 2,3 millones) de
trabajadores y trabajadoras frente a las reformas regresivas al sistema de
pensiones, así como también en Alemania, con grandes marchas, lo que parece
indicar que los movimientos sociales europeos estarían recuperando vitalidad.
En Sudamérica, lo vimos también en Uruguay, donde el gobierno derechista
extendió la edad de jubilación. Y no hace mucho, la demanda de mejora de
salarios en Japón por la inflación que afecta a los trabajadores. Es en medio
de esta crisis global que Bolivia vivió este primero de mayo un escenario
distinto.
Luego de la crisis económica mundial agravada
por el COVID, estalló una nueva crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó
inflación en el mundo a causa del incremento de precios de los combustibles y
de alimentos; a esto se suma la crisis financiera que dejó en quiebra varios
bancos en Estados Unidos y afectó también a bancos europeos. Mientras tanto, la
crisis ambiental afectó la producción en varias regiones del mundo y generó la
reciente gripe aviar. Todo esto está golpeando a la clase trabajadora y en
general a las poblaciones más vulnerables a nivel mundial.
La respuesta a estas crisis de los Estados
se dividió en dos bloques: por un lado, aquellos gobiernos que trataron de
intervenir lo menos posible en el mercado, dejando que la crisis recaiga en las
espaldas de los trabajadores; por otro lado, los gobiernos que entendieron la
necesidad de que el Estado tenga un rol protagónico ante la inestabilidad del
mercado capitalista mundial.
El caso de Bolivia, si bien está en este
segundo grupo de gobiernos, fue más allá de varios países, ya que medidas como
la subvención al precio interno de los combustibles, los bonos sociales y
mantener la inversión pública, utilizando los recursos generados con las
nacionalizaciones en varios sectores estratégicos, permitieron generar mayor
presencia del Estado desde hace varios años en la economía del país, logrando extender
las políticas de apoyo a la producción como se hace a través de la Empresa de
Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que surgió el 2007 por la
experiencia de la lucha contra el agio y especulación que la burguesía intentó a
través de un sabotaje económico antes de la aprobación de la Nueva Constitución
Política del Estado el año 2009.
Luego de la recuperación de la democracia se
tuvo que reparar el daño causado por el Golpe de Estado del 2019 en la economía,
el primer reto fue reconstruir el Modelo Económico Social Comunitario
Productivo, por ello la clase trabajadora entendió el 2021 que era necesario
destinar recursos a la reconstrucción económica y aceptaron el pedido de no
incrementar salarios mientras se priorizaban fondos para la reactivación de las
empresas públicas que casi fueron desmanteladas en la dictadura de Jeanine Añez.
Dos años después, los resultados de la reconstrucción
económica permitieron estos logros para el primero de mayo:
1.
Se otorgó este año un
incremento al salario básico de 3% y al salario mínimo nacional de 5% aplicando
el principio de justicia social para beneficiar a quienes ganan menos.
2.
Mejoramiento de los sistemas de
seguridad social a largo plazo, a través del incremento de los límites
solidarios hasta 1000 bolivianos en los límites máximos, lo cual permitirá
mejorar el monto que recibirá un jubilado que se beneficia con el Fondo Solidario
creado con la nueva Ley de Pensiones del año 2010. Así, por ejemplo, en el caso
de un profesor con 35 años de aportes podría llegar a jubilarse con 5200
bolivianos (equivalente a 750 dólares) mensuales gracias ese fondo. ¿Cómo es
posible este mejoramiento cuando en otros países los sistemas de pensiones se
están deteriorando? Porque en Bolivia las utilidades que
obtenga la estatal Gestora Pública de Pensiones retornarán al Fondo Solidario y
a la Renta Dignidad, que es un bono que reciben todas las personas mayores de 60
años, tengan o no jubilación.
3.
Justamente la administración
soberana de los fondos de pensiones a través de una Gestora Estatal en vez de
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que instauró el
neoliberalismo, es la que permitirá remediar dos males de la administración vía
AFPs, que son males comunes en todos los países donde existe administración
privada, al punto que hoy solo queda administración privada en 12 países ante el
fracaso de la privatización de los fondos de pensiones. Esos dos males son: el
elevado costo de comisión que cobraban las AFPs, que se reducirá de cuatro
comisiones (el 0,5% del total ganado de cada asegurado, 1,31% del total de
pensión de cada jubilado, 0,85% del fondo de riesgos y 0,2285% de los
portafolios administrados) a una sola con la Gestora del 0,5% que solo pagarán
los trabajadores activos; y el segundo mal que es la baja rentabilidad generada por las AFPs que
en promedio de los últimos meses en que funcionaron apenas llegaron al 3,4%,
mientras que la Gestora Estatal en sus primeros meses ha logrado el 4,4% con lo
cual mejorarán las rentas de los jubilados.
Estos aspectos que he reseñado reflejan
diferencias importantes de lo que pasa en materia de derechos laborales en
Bolivia respecto de aquellos países que cargan la crisis en la espalda de los
trabajadores y que, además de no compensar la pérdida de valor del salario ante
la inflación en el mundo también están impulsando medidas regresivas en los
sistemas de pensiones y la disminución de salarios reales.
Es notorio cómo en mayo de 2023, pese al
sabotaje económico internacional y local Bolivia está logrando avanzar en un
Modelo Económico soberano con la salida de las transnacionales que administran
las AFPs y cómo, en el trabajo conjunto con la clase trabajadora, se logra
impulsar el rol del Estado para que los trabajadores no queden a expensas del
libre mercado y de los intereses capitalistas, que siempre los utiliza como
variables de ajuste ante las crisis.
Este primero de mayo se ha ratificado el
compromiso de las y los trabajadores bolivianos para cuidar el Modelo Económico
Social Comunitario Productivo y por la profundización del proceso de
transformaciones, luchando contra las tendencias regresivas, privatizadoras y
neoliberales.
Edmundo Juan Nogales Arancibia
Abogado
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