Los defensores de los grandes empresarios


El 10 de noviembre renunciaba Morales presionado por el motín policial, la presencia de grupos paramilitares en el país, (como la llamada Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos a título de Resistencia) el mando militar que se sumó al pedido de renuncia y la movilización de los comités cívicos, convocada por Carlos Mesa y encabezada por Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Al conocerse la renuncia a través de grupos violentos se presionó a los presidentes de las cámaras de senadores y diputados para que abandonen la posibilidad de asumir la presidencia de forma transitoria y comenzó la discusión sobre quién debía asumir, dos posiciones se encontraron respecto, la de Mesa de ir por la sucesión constitucional hasta llegar a un senador opositor y la de Camacho de establecer una junta cívico militar a título de “junta de notables”.

En medios de comunicación en pleno domingo Mesa hizo conocer su postura de la sucesión constitucional que llevó a Añez al poder, días después de forma pública sugirió que Salvador Romero sea quien asuma la presidencia del Tribunal Supremo Electoral como fue en su gestión el 2003 a 2005.

Los empresarios hicieron también pública su posición al respecto “(LP/14/11/2019) La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a través de un comunicado público, expresó hoy su beneplácito por el nombramiento y posesión de Jeanine Añez Chávez como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la sucesión constitucional y el principio de continuidad institucional”[1]

Aquella postura de la sucesión constitucional coincidió entre Mesa y la confederación de empresarios privados. Desde ese momento los grandes empresarios se convirtieron en los beneficiados del nuevo gobierno, en un gabinete integrado por la gente de Rubén Costas (Añez, Ortiz) y Branko Marinkovic (que conduce el equipo que parecía de Luis Fernando Camacho) que ahora es parte del gobierno.

Mesa, Camacho y Añez, se encuentran unidos en la defensa de la agenda económica de los grandes empresarios, eso se hizo notorio en una entrevista de Carlos Mesa, la mañana de este 26 de agosto en Bolivisión, en la que señaló que respecto a la promulgación de la ley de diferimiento de créditos su postura era que se debía consultar a los empresarios de la banca.

La agenda económica empresarial se ha impuesto en varias medidas, estas son algunas:

Medida

Beneficio a empresarios

Perjuicio a la población

Liberación de cupos de exportación, caso soya, (diciembre de 2019)

Ya no necesitan abastecer el mercado interno para exportar

El precio de los productos se vio afectado en el mercado interno que debe competir con el precio del mercado externo (productores avícolas anunciaron el incremento del precio pollo porque se alimenta de soya)[2]

- Préstamos blandos y fáciles a las empresas abril de 2020[3]

Se dispuso 1500 millones de bolivianos

El primer plan de préstamos fue por el valor de dos sueldos mínimos por cada trabajador y por cada mes. Es decir, que podían obtener por dos meses 8.488 bolivianos por cada trabajador.

El segundo plan fue destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas, en los sectores de servicios, producción y comercio

El primer crédito es a 18 meses de plazo, sin embargo, los primeros seis meses no se pagará ni capital ni interés.

El segundo a cinco años plazo. El primer año será de gracia.

La banca cobrará intereses con capital del Estado.

No se puso como requisito para acceder a esos beneficios cuidar los empleos y esas empresas continuaron los despidos,  al tiempo que las microempresas no pudieron acceder a esos créditos y durante semanas Añez rechazó la ley de diferimiento de créditos para que los pequeños prestatarios gocen como los empresarios de 6 meses de suspensión de créditos.

 

Crédito 1, 2, 3

Son 120 millones de bolivianos conforme establece el DS 4272 (Julio)[4]

Beneficia a la banca por favorecer créditos con recursos estatales (fondo de garantía).

No se establecen parámetros para que se beneficie a microempresas, las empresas medianas podrán llevarse esos créditos u otros proveedores que estén inscritos en pro Bolivia aunque no sean pequeños o medianos, el sector avícola por ejemplo no puede acceder porque no tiene NIT ellos tienen lo que se llama el Registro Agroecuario Unificado.

Compra de 120 millones de litros de etanol (agosto)[5]

Salvará a empresarios cañeros de la crisis de venta.

No se detalla si el precio es al del mercado internacional, porque si se compra en su precio normal se estaría dañando al Estado para salvar a empresarios.

350.000 dólares para la CAO para capacitación

El préstamo será entregado a fondo perdido.

Se endeuda al Estado con el BID para regalar dinero a la CAO.

Subvención a empresarios de 19 millones de dólares para salarios[6]

Se beneficia con el pago de 11.000 salarios a empresas por 6 meses, a fondo perdido.

No se exige que esas empresas dejen de despedir o que restituyan fuentes de trabajo a quienes ya despidieron, beneficia directamente a empresarios.

 

Sumando a esas medidas el gobierno de Añez decretó el estado de “calamidad pública”, para que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe créditos sin tener que contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Hasta agosto Añez ya dispuso 1500 millones de dólares del BCB[7] y de la AFP 1700 millones de dólares[8], entregando gran parte de ellos a los empresarios de la banca y de la agroindustria.

Mientras que las empresas estatales están abandonadas sin apoyo del Estado, ya que el D.S. 4272 establece que deben presentar informes de viabilidad asumiendo que el Estado no invertirá en ellas, el objetivo es abrirlas a la privatización bajo la figura de Asociaciones Público-Privadas y Concesiones como detalla el Decreto 4272.

Estamos frente a los defensores de los empresarios, Añez, Mesa, Camacho representan esa agenda económica y la defensa de la economía popular pasa por enfrentar esa agenda.

No podemos permitir que se sacrifique al Estado, empresas estatales, recursos estratégicos junto a las reservas del país para salvar únicamente a empresarios, mientras que los sectores populares están abandonados frente a la mayor crisis económica de las últimas décadas.


Edmundo Juan Nogales Arancibia, 26 de agosto de 2020

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